Juan Bravo, el ingeniero financiero que lleva a la ruina a las Administraciones Públicas

 Juan Bravo es probablemente uno de los administradores-políticos que más daño ha hecho a la Administración Pública española en sus tres niveles: local, autonómico y estatal.

A la sombra de Gallardón, Bravo fue el ideólogo y el artífice de los engendros financieros de MINTRA y Madrid Calle 30, del sobrecoste de la autopista M-45, de la quiebra de Madrid Exposiciones y Congresos, de la deuda cultural del Ayuntamiento de Madrid, de las privatizaciones de centros deportivos y culturales de la ciudad y del aumento disparatado de las Tasas Judiciales. Allá por donde ha pasado ha dejado una estela bien reconocible de gastos excesivos, deudas inasumibles, quiebras técnicas, privatizaciones y despidos. La gestión temeraria de Bravo en puestos de gran responsabilidad no ha tenido límites y el daño en las cuentas públicas y los bolsillos de los contribuyentes puede cifrarse en miles de millones de euros.

Juan Bravo fue Viceconsejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid (1997-2001), Consejero de Hacienda (2001-2003) y Delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid (2003-2012) antes de convertirse en el número dos de Gallardón en Justicia (2012-2014). Mientras ocupó estos puestos, se acreditaron fallos muy graves de gestión imputables únicamente a su nefasta administración y al superior que le alentó, apoyó y defendió por encima de todo: Alberto Ruiz Gallardón.

Ya desde sus primeros años en la Comunidad de Madrid, Bravo creyó tener la llave para impulsar grandes obras públicas con un coste reducido para las arcas públicas y sin que computaran como deuda pública.

M-45: Del Peaje en la sombra a la sombra del peaje

Corría el año 1997 y Bravo era nombrado Viceconsejero de Hacienda con sólo 35 años. Pese a su juventud, consiguió convencer al Consejero de Hacienda (Beteta) y al Presidente Gallardón de que tenía la solución para construir una nueva autopista (la M-45) en Madrid sin que la Comunidad tuviera que desembolsar ni un solo euro para su construcción. Su “gran idea” consistía en adjudicar los tres tramos de la carretera y financiarlos con lo que se denominó “peaje en la sombra”. Es decir, las constructoras financiaban la obra y luego recibían de la Comunidad, durante 25 ó 30 años (según los tramos), un canon anual en función del tráfico de vehículos de la misma. El resultado es conocido por todos: lo que habría costado 487 millones de euros en caso de gestión directa, se ha disparado hasta los 2.000 millones. Tal es el quebranto para las cuentas públicas de este sistema (unos 80 millones anuales), que en 2012 Esperanza Aguirre planteó el establecimiento de peajes para poder soportar la carga financiera. Es decir, la idea de Bravo le costó a los madrileños nada más y nada menos que 1.500 millones de euros.

La ampliación del Metro de Madrid

Parece que a Gallardón le gustaron las ideas del joven ingeniero financiero y, en cuanto pudo, lo nombró Consejero de Hacienda en 2001. Desde su nuevo puesto, Bravo continúo adelante con otra de sus grandes ideas. Meses antes había descubierto las bondades de la gestión indirecta para la ampliación del Metro. Así, le había encargado a la empresa municipal MINTRA las obras de ampliación del suburbano de la capital. Para ello, la sociedad se endeudaría para financiar la construcción, recuperando parte de su inversión al alquilar las infraestructuras a Metro de Madrid. En todo ese proceso, la deuda generada con la inversión se quedaría en MINTRA y no computaría como deuda pública.

Pero en estas, Bravo y su gran idea chocaron con EUROSTAT, la Oficina de Estadística de la UE, quien a principios de febrero de 2005 declaró que MINTRA formaba parte de la Administración y que, en consecuencia, su deuda, era deuda de la Comunidad de Madrid. Esta nueva calificación hizo que la deuda de MINTRA (3.600 millones) pasara directamente a formar parte del endeudamiento de la Comunidad de Madrid, lo que elevaba entonces  la deuda regional a 10.000 millones de euros y obligaba al Ejecutivo de Esperanza Aguirre a emprender un plan especial de financiación.

No puede decirse que, al lanzar la idea de MINTRA, Bravo no estuviera avisado. En 2001, recién llegado a la Consejería, ya había recibido un demoledor informe de EUROSTAT que venía a poner de manifiesto que la Comunidad de Madrid tenía que asumir buena parte de la deuda de sus empresas públicas. Hasta entonces, en la Administración autonómica regía el sistema de “encargos por mandato”, mediante los cuales la Comunidad ponía en manos de sus empresas públicas (Arpegio, Arproma y Tres Cantos) el endeudamiento contraído con los Bancos para abordar la construcción de grandes infraestructuras, como el Metro, las carreteras o la Maternidad de O´Donnell. De esta manera, la Administración no tenía que recurrir al endeudamiento para hacer frente a esos gastos y sí sus entes públicos, que recibían posteriormente de la Administración en varios años y “cómodos plazos” el importe de la inversión sin coste financiero alguno.

Un nuevo fiasco: Madrid-Calle 30

Inasequible al desaliento, Bravo, ya como Concejal Delegado del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, quiso ensayar una nueva forma de gestión para ejecutar las obras de remodelación de la M-30 sin que el Ayuntamiento tuviera que endeudarse. Debió pensar que a la tercera iba la vencida. La fórmula que eligió  en esta ocasión fue la sociedad de economía mixta. Así, se constituyó Madrid Calle 30, en la que el Ayuntamiento poseía el 80% de las acciones y la iniciativa privada el 20% restante. Esta sociedad realizó la construcción de la obra, para lo que solicitó un crédito de 2.500 millones de euros, y posteriormente pasaría a encargarse del mantenimiento de la vía durante 35 años. Las adjudicatarias, Ferrovial y ACS, blindaban así un ingreso por 35 años.

Detrás de tanta complejidad financiera sólo había un objetivo: Colocar la inmensa deuda en el balance de la sociedad mixta y sacarlo de las cuentas municipales. Pero, mala suerte, Bravo volvió a tropezar por tercera vez con la Unión Europea. En junio de 2005, EUROSTAT volvió a señalar que la deuda de Madrid Calle 30 era deuda de la Administración, pues la nueva sociedad no cumplía los requisitos para que aquélla saliera del balance de la Administración, es decir, que tuviera un riesgo cierto de negocio. Y tal riesgo no existía desde el momento en que era el propio Ayuntamiento, con una participación del 80%, el que iba a fijar el precio de la prestación de los servicios y, además, iba a ser también el principal comprador de los mismos.

Una vez que Europa dio al traste con el invento, el hecho de mantener la deuda en la sociedad, en lugar de pasarla directamente al Ayuntamiento, generaba un coste adicional anual de 100 millones de euros, principalmente porque Madrid Calle 30 tenía que hacer frente a unos avales que el Consistorio, si la deuda fuera suya, no tendría que soportar. Pues bien, Bravo y su equipo tardaron más de cinco años en darse cuenta de esto. Sólo a finales de 2010 tuvo lugar la subrogación en el Ayuntamiento de los 2.300 millones de deuda. Es decir, el engendro financiero de Bravo le costó a los madrileños, sólo por el retraso en la subrogación, 500 millones de euros adicionales.

La aventura olímpica y la ruina de MADRIDEC

Junto con el soterramiento de la M-30, la otra gran prioridad de Gallardón en su segunda Legislatura fue el proyecto olímpico. Sin embargo, asfixiado por la deuda de la M-30, el Consistorio apenas tenía liquidez para afrontar las infraestructuras necesarias para presentar su candidatura. Y como cada vez que surge un problema, allí estaba el todopoderoso Concejal de Hacienda para dar una solución. En esta ocasión, Bravo fijó su atención en la sociedad municipal  Madrid Exposiciones y Congresos S. A. (MADRIDEC). Hasta entonces, esta empresa tenía una contabilidad muy sana y unos excedentes millonarios.

Bravo consideró una idea brillante utilizar MADRIDEC como inmobiliaria municipal para construir y rehabilitar algunos de los espacios emblemáticos del proyecto olímpico. Así, el Ayuntamiento le encomendó a MADRIDEC la construcción y explotación de la Caja Mágica (inaugurada en 2009, costó 294 millones, más del doble de lo previsto), la construcción del Centro Acuático (50 millones) y el Centro Internacional de Convenciones al lado de las torres de Castellana (110 millones). Además, el Ayuntamiento realizó una serie de operaciones de cesiones y adscripciones a MADRIDEC de determinados bienes de propiedad municipal con el fin de obtener  cantidades millonarias de liquidez para continuar con su elevado ritmo de inversiones y gastos. Para rizar el rizo, Bravo se sacó de la manga la transmisión a MADRIDEC del usufructo de las acciones del Ayuntamiento en Mercamadrid por 188 millones en diciembre de 2010.

Todo ello hizo que MADRIDEC pasara a tener una deuda acumulada de más de 300 millones de euros. Tras lanzar un expediente de regulación de empleo, MADRIDEC se fusionó a finales de 2013 con otras dos sociedades municipales (Madrid Arte y Cultura y Madrid Visitors & Convention Bureau) en la nueva sociedad Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocios (Madrid Destino).

500 millones para el traslado al Palacio de Cibeles

En plena vorágine de gasto, y como al parecer inversión llama a inversión, el Ayuntamiento llevó a cabo también el traslado de la sede del Consistorio desde la plaza de la Villa al Palacio de Telecomunicaciones, en la plaza de Cibeles. El coste final de la operación ascendió a casi 500 millones de euros. Con Bravo entre bastidores, la compra del inmueble al Estado se saldó con la enajenación de edificios municipales valorados en 360 millones de euros, a los que hay que añadir los 138 millones que costó la rehabilitación (frente a los 80 del proyecto inicial).

Despilfarro, privatización y despidos

El ámbito cultural no se libró de la fiebre inversora que afectaba a los políticos municipales.  Así, se gastaron 75 millones de euros en la rehabilitación del Conde Duque, 60 millones de euros en el Matadero, 8 millones en la Serrería Belga, 25 millones más en obras para el Teatro Circo Price, etc. No hay nada de malo en acometer estas actuaciones si luego se van a desarrollar programas culturales ambiciosos, con buenos equipos de gestión y una plantilla de técnicos adecuada. Lo que sucedió es que, a pesar de contar con espacios culturales recién remodelados, muchos de ellos apenas pudieron programar actos culturales públicos por falta de medios. Eso sí, siempre hubo espacio para alquilar los centros culturales y los teatros públicos para todo tipo de eventos comerciales.

El caso es que Juan Bravo, junto con la entonces Delegada de las Artes, Alicia Moreno, y el beneplácito del Alcalde Gallardón, pensaron que la mejor solución para gestionar la cultura en el Ayuntamiento de Madrid era sacar la competencia de la Administración Municipal y ofrecérsela a una sociedad mercantil del Ayuntamiento. En este caso, fue MACSA (Madrid Arte y Cultura S.A.) la resultante de las ideas innovadoras de Bravo. Creada en 2004 con el objeto de flexibilizar la gestión cultural en la ciudad, casi desde su inicio MACSA fue acusada por los sindicatos de despilfarro y mala gestión. Incluso llegó a advertirse de planes encubiertos para su privatización. Lo cierto es que al final del periplo de Bravo en el Ayuntamiento, MACSA acumulaba una deuda de 8 millones de euros.

Aunque fue Botella la que propició en 2013 la fusión de las tres sociedades antes mencionadas en Madrid Destino que tanto daño ha hecho a la gestión cultural de la ciudad, en gran medida vino motivada por los problemas financieros heredados de MADRIDEC.

Aunque Bravo no privatizara MACSA ni ninguno de los teatros que gestionaba (a pesar de que el Fernán Gómez estuvo muy cerca), sí lo consiguió con otros espacios madrileños. Aparte de la privatización de varios polideportivos, una vez finalizaron sus obras de remodelación (sufragadas con fondos municipales), como fue el caso del emblemático centro de Chamartín, Bravo y su equipo también consiguieron que toda la gestión cultural en los Distritos pasara a particulares. En 2009, el servicio cultural que prestaban las Juntas de Distrito ya se había privatizado en su totalidad. El Ayuntamiento sacó a concurso en todas las Juntas de Distrito la gestión de las actividades culturales en sus distintas modalidades, talleres culturales o las denominadas Compañías Residentes.

Pero es que la responsabilidad de los máximos dirigentes municipales en el deterioro del sector cultural no acaba ahí. Un año antes de que Bravo dejara el Ayuntamiento, el plazo medio de pago de las empresas agrupadas en la asociación ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), que agrupa a 117 empresas madrileñas, era de 9 meses (cuando la Ley marcaba 60 días), lo que llevó a muchas de ellas al borde de la quiebra. En aquellos momentos, la deuda municipal con estas empresas ascendía a 10 millones de euros. En un episodio surrealista, Bravo aseguró a los representantes de ARTE en 2010 que si el Ayuntamiento no conseguía refinanciar su deuda, el retraso en el pago iba a seguir ascendiendo hasta plazos superiores al año.

El paso por Justicia

A pesar de todos estos fracasos, Gallardón premió la fidelidad de Bravo ofreciéndole la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, lo que equivalía convertirle en su número dos.

Mientras su excompañeros en el Ayuntamiento suspiraban aliviados con su marcha, probablemente porque en ese momento desconocían en su totalidad la herencia que les había dejado, otros profesionales y colectivos saludaron su llegada al Ministerio con un escepticismo que pronto habría de tornarse en abierta confrontación. Gallardón y Bravo consiguieron poner en su contra a Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Registradores, Notarios, Abogados, Procuradores y ciudadanos en general. Destaquemos aquí únicamente dos de los episodios más representativos del paso de Bravo por Justicia.

Como en sus viejos tiempos en la antigua casa de Correos de la Puerta del Sol, en la Casa de la Villa o en el Palacio de Cibeles , Gallardón encomendó a Bravo sus dos proyectos estrella: la privatización del Registro Civil y el incremento de las tasas judiciales.

En cuanto al Registro Civil, primero tuvieron que desistir de cobrar por la realización de trámites ante el mismo y, posteriormente, ante la negativa de los Registradores de la Propiedad de asumir la gestión si no había ingresos de por medio, de encomendarla a otros profesionales. Finalmente, tres meses antes de su salida del Ministerio, ambos se dieron por vencidos. Esta nueva derrota fue escenificada en la comparecencia de Juan Bravo ante la Comisión de Justicia en junio de 2014.

Pero fue con el tema de las tasas judiciales con el que Bravo volvió a crecerse, como en los viejos tiempos. Sin embargo, el resultado volvió a ser un fracaso sonado. En plena elaboración de la Ley de Tasas Judiciales y de su memoria económica, se originó un intenso conflicto entre el Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y el Subsecretario Bravo a cuenta de la extensión de los obligados a abonar dicha tasa, de su impacto en la reducción de litigios y, sobre todo, de los cálculos sobre su recaudación. Pese a las advertencias de Román, Gallardón dio por buenos los cálculos de Bravo y así, en la memoria económica de la Ley se previó que la recaudación por este concepto ascendería a 306 millones de euros anuales. La realidad volvió a mostrarse tozuda con las pretensiones del entonces Subsecretario y así, según datos de la Agencia Tributaria, en 2013 se recaudaron  solamente149 millones por este concepto. La modulación producida a principios de año en la cuantía variable de las tasas apenas afectaba a los 306 millones calculados en la citada memoria, pues el propio Gobierno estimó su impacto en menos de un 5%. Es decir, que Bravo “sólo” se equivocó en un 50% entre lo que estimaba recaudar y lo que finalmente se recaudó. Y todo ello, dejando por el camino a decenas de miles de ciudadanos sin posibilidad económica de acceso a la justicia y a las Comunidades Autónomas sin los prometidos ingresos procedentes de la recaudación de las tasas para financiar la asistencia jurídica gratuita.

En conclusión

La voracidad inversora de Gallardón y la creatividad financiera de Bravo, dejaron en el Ayuntamiento de Madrid, a diciembre de 2011, cuando ambos se marcharon al Ministerio de Justicia, una deuda de más de 6.300 millones de euros, a los que hay que añadir los 1.017 millones de euros en facturas no pagadas que sacó del cajón Botella en 2012 para acogerse al Plan de Pago a Proveedores del Ministerio de Hacienda y otros 350 millones que volvieron a acogerse al segundo Plan de Montoro en 2013. Hay que recordar que la deuda pública del Ayuntamiento en 2003 cuando llegaron ambos al Consistorio apenas era superior a los 1.000 millones de euros.

A ello hay que añadir el agujero que Bravo dejó en la Comunidad de Madrid con la deuda de MINTRA y los cánones desproporcionados de la M-45, que los madrileños seguirán pagando hasta 2032.

Pero es que además, Bravo llevó a la ruina a Madrid Exposiciones y Congresos, dejó con deudas millonarias a MACSA, privatizó polideportivos y centros culturales en los Distritos y fue el artífice, con cálculos manifiestamente erróneos, del incremento desproporcionado de las tasas judiciales.

Si Bravo hubiera sido un directivo de una empresa privada, después del primer fracaso (M-45, MINTRA), habría sido despedido y probablemente ninguna empresa hubiera querido contratarle en el futuro para un puesto de responsabilidad. Sin embargo, de la mano de Gallardón, con el amparo del PP y en un ámbito político en el que prima más la lealtad y el compromiso con el partido que la capacidad y los resultados obtenidos, Bravo siguió haciendo carrera y cometiendo nuevos excesos que los madrileños tardarán décadas en pagar.

El penúltimo capítulo de Bravo es su intento por acceder a la gestión de la Cultura del Estado, aunque sea pidiendo favores, saltándose las normas y dejando atrás a funcionarios superiores del Estado que sí están preparados para asumir las funciones propias del puesto. http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-12-02/la-directora-del-inaem-quiere-contratar-a-juan-bravo-saltandose-las-normas_513812/

Si el Gobierno del Estado accede a nombrar a Bravo en el puesto de Cultura que éste persigue estará cometiendo un error de tal calibre que sólo el tiempo determinará el alcance exacto de sus consecuencias. Y cuando por fin se den cuenta, será demasiado tarde, como así ha sucedido ya en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento y en el Ministerio de Justicia.

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